Ferrajoli y Bovero, bases para la reforma
Roberto Alonso
En primer lugar, con el propósito de hacerle frente a los poderes fácticos que concuerdan con la tipología de poderes salvajes delineada por Ferrajoli al caracterizar aquellos que desarrollan una dinámica propia en contradicción con el interés público en ausencia de controles legales, la AMEDI expuso que el piso para reformar los marcos jurídicos de la radio y la televisión y de las telecomunicaciones debe ser la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, a decir de especialistas como Lorenzo Córdova, se trató de una interpretación de la ley en clave garantista, es decir, a favor de los derechos fundamentales.
De aquí que esta base constitucional no puede ser desatendida o ignorada como pretende la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, sino que debe constituir el basamento de cimentación si de verdad existe en el Legislativo la intención de realizar una auténtica reforma en materia.
Por otra parte, los ministros de la Corte le dieron al traste a la Ley Televisa al identificar en las reformas una veta para el afianzamiento de la concentración mediática en menoscabo de las libertades de expresión y de prensa, así como en contradicción con el derecho a la información.
En este sentido, la propuesta de la AMEDI encaminada a evitar la concentración de frecuencias del espectro radioeléctrico al reducir la duración de las concesiones de radiodifusión a doce años y condicionar el mecanismo de refrendo a una licitación pública, proyecta la apertura del sector a nuevos competidores para garantizar libertades y derechos constitucionales.
Al respecto, Bovero especifica que avanzar en la pluralidad de medios como vía para la formación de opiniones libres dentro de una atmósfera de libertad equivale a la tercera regla de la democracia.
El documento de la AMEDI parte de dos principios que en el proceso legislativo no pueden soslayarse. La radio, la televisión y las telecomunicaciones son los pilares para una genuina sociedad de la información; el medio por el cual se transmiten, el espectro radioeléctrico, es propiedad de la Nación.
Derivan de estos principios considerar la radiodifusión como un servicio público, procurar una sola ley en congruencia con la convergencia tecnológica, fortalecer un órgano regulador autónomo, garantizar el derecho de réplica y apuntalar un Sistema Nacional de Medios Públicos con posibilidades de comercializar espacios. Un diseño constitucional democrático exige en esta materia cumplir con estas necesidades. ¿Habrá en el Senado esta disposición?
Escríbeme a: tercerhombro@hotmail.com
*El autor es estudiante del noveno semestre de la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es columnista del suplemento “Medieros” de La Jornada de Oriente y del periódico digital e-consulta.

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