El Plan México: futura intromisión
Manuel Cardoso
LA RELACIÓN “bilateral” de Estados Unidos y México se ha forjado como una dependencia de éste último hacia las políticas estadunidenses en torno a la seguridad nacional. No obstante, dicha situación ha sido más obvia a partir de los presidentes neoliberales mexicanos (de Miguel de la Madrid en adelante), pues han puesto un mayor esfuerzo por complacer a nuestro vecino.
La relación ha tomado mayor importancia a raíz de los atentados contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, ya que nuestro país debido a su cercanía es considerado el perímetro de seguridad del país del norte. En la Reunión de Seguridad Hemisférica, realizada en la ciudad de México en octubre de 2003, se llegó a la conclusión de que los principales riesgos son el terrorismo y el narcotráfico (Javier Oliva Posada, La Jornada, 11 de junio de 2007). Así, las prioridades se han centrado en la seguridad “continental”, dejando fuera otros problemas fundamentales que atañen a los dos países como la migración y la pobreza.
La última visita de George W. Bush a México, en marzo de este año, sirvió para reafirmar cuáles eran los verdaderos problemas del continente. Aunque el presidente vecino llegó con la supuesta agenda de impulsar una reforma migratoria, el verdadero propósito de su visita fue establecer el tipo de ayuda para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Sin embargo, culpan a los mexicanos de tener en su propio territorio la causa de su deterioro. Estados Unidos asume parte de su responsabilidad, pues reconoce la demanda de droga en su propio territorio. Sin embargo, culpan a los narcotraficantes mexicanos de ser los controladores de centros nocturnos y de las autoridades locales. Un claro ejemplo de tal situación es la acusación de los panistas durante las pasadas elecciones en Tamaulipas, donde vinculan al actual gobernador Eugenio Hernández Flores con el narcotráfico.
Por otra parte, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) resurge provocando atentados en instalaciones de PEMEX alimentando la paranoia gringa sobre el avance del terrorismo en el continente americano. Con semejante acontecimiento, Estados Unidos tuvo que tomar medidas importantes como la contrainsurgencia (tomando en cuenta que el EPR es un grupo guerrillero), uno de los pilares del Plan Colombia, ahora exportado a México, con el fin de detener cualquier clase de descontento hacia el presidente ilegítimo o frenar algún movimiento social.
Hay un replanteamiento del papel de las fuerzas armadas mexicanas. Según el general José Francisco Gallardo, existe una supremacía del poder militar sobre el civil, ya que Felipe Calderón gobierna por medio de los comandantes de “las 42 zonas y las 12 regiones militares y no por medio de los gobernadores” (La Jornada, 30 de julio de 2007). Una militarización proveniente desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y concretada en el de Vicente Fox.
El ejército se encarga de asuntos que no son de su competencia como la lucha contra el narcotráfico y otros asuntos de seguridad pública correspondientes a la policía, siendo su verdadero objetivo la defensa de la soberanía nacional frente a un ataque externo.
El Ejército Mexicano despliega su operación, su capacitación y su adiestramiento con el fin de controlar asuntos de orden interno, ubicando a sus enemigos dentro del país y no fuera, como debería ser. El ejército no está preparado para contrarrestar un ataque externo y esto queda establecido, según el general Gallardo, en el plan DN-II.
Otros argumentos que sirven a Estados Unidos para brindar ayuda a México, es la deficiencia de nuestros servicios de inteligencia, algo claro a partir del ataque del EPR a las instalaciones de PEMEX, grupo que curiosamente desapareció un poco antes de aprobar la Iniciativa Mérida (el verdadero nombre del Plan México).
Por si fuera poco en octubre del presente año en una reunión con la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el general Guillermo Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), pidió una ampliación de 32 mil millones de pesos a su presupuesto, pues el equipo y materiales del ejército resultaban obsoletos.
Como la seguridad interna no es segura, el gobierno calderonista se encargó de firmar un acuerdo con el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellik, para asegurar a las empresas, principalmente extranjeras, ante posibles riesgos políticos o “actos violentos atribuidos a grupos guerrilleros o a otros relacionados con el crimen organizado” (La Jornada 21 de octubre de 2007).
Manuel Cardoso
LA RELACIÓN “bilateral” de Estados Unidos y México se ha forjado como una dependencia de éste último hacia las políticas estadunidenses en torno a la seguridad nacional. No obstante, dicha situación ha sido más obvia a partir de los presidentes neoliberales mexicanos (de Miguel de la Madrid en adelante), pues han puesto un mayor esfuerzo por complacer a nuestro vecino.
La relación ha tomado mayor importancia a raíz de los atentados contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, ya que nuestro país debido a su cercanía es considerado el perímetro de seguridad del país del norte. En la Reunión de Seguridad Hemisférica, realizada en la ciudad de México en octubre de 2003, se llegó a la conclusión de que los principales riesgos son el terrorismo y el narcotráfico (Javier Oliva Posada, La Jornada, 11 de junio de 2007). Así, las prioridades se han centrado en la seguridad “continental”, dejando fuera otros problemas fundamentales que atañen a los dos países como la migración y la pobreza.
La última visita de George W. Bush a México, en marzo de este año, sirvió para reafirmar cuáles eran los verdaderos problemas del continente. Aunque el presidente vecino llegó con la supuesta agenda de impulsar una reforma migratoria, el verdadero propósito de su visita fue establecer el tipo de ayuda para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Sin embargo, culpan a los mexicanos de tener en su propio territorio la causa de su deterioro. Estados Unidos asume parte de su responsabilidad, pues reconoce la demanda de droga en su propio territorio. Sin embargo, culpan a los narcotraficantes mexicanos de ser los controladores de centros nocturnos y de las autoridades locales. Un claro ejemplo de tal situación es la acusación de los panistas durante las pasadas elecciones en Tamaulipas, donde vinculan al actual gobernador Eugenio Hernández Flores con el narcotráfico.
Por otra parte, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) resurge provocando atentados en instalaciones de PEMEX alimentando la paranoia gringa sobre el avance del terrorismo en el continente americano. Con semejante acontecimiento, Estados Unidos tuvo que tomar medidas importantes como la contrainsurgencia (tomando en cuenta que el EPR es un grupo guerrillero), uno de los pilares del Plan Colombia, ahora exportado a México, con el fin de detener cualquier clase de descontento hacia el presidente ilegítimo o frenar algún movimiento social.
Hay un replanteamiento del papel de las fuerzas armadas mexicanas. Según el general José Francisco Gallardo, existe una supremacía del poder militar sobre el civil, ya que Felipe Calderón gobierna por medio de los comandantes de “las 42 zonas y las 12 regiones militares y no por medio de los gobernadores” (La Jornada, 30 de julio de 2007). Una militarización proveniente desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y concretada en el de Vicente Fox.
El ejército se encarga de asuntos que no son de su competencia como la lucha contra el narcotráfico y otros asuntos de seguridad pública correspondientes a la policía, siendo su verdadero objetivo la defensa de la soberanía nacional frente a un ataque externo.
El Ejército Mexicano despliega su operación, su capacitación y su adiestramiento con el fin de controlar asuntos de orden interno, ubicando a sus enemigos dentro del país y no fuera, como debería ser. El ejército no está preparado para contrarrestar un ataque externo y esto queda establecido, según el general Gallardo, en el plan DN-II.
Otros argumentos que sirven a Estados Unidos para brindar ayuda a México, es la deficiencia de nuestros servicios de inteligencia, algo claro a partir del ataque del EPR a las instalaciones de PEMEX, grupo que curiosamente desapareció un poco antes de aprobar la Iniciativa Mérida (el verdadero nombre del Plan México).
Por si fuera poco en octubre del presente año en una reunión con la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el general Guillermo Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), pidió una ampliación de 32 mil millones de pesos a su presupuesto, pues el equipo y materiales del ejército resultaban obsoletos.
Como la seguridad interna no es segura, el gobierno calderonista se encargó de firmar un acuerdo con el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellik, para asegurar a las empresas, principalmente extranjeras, ante posibles riesgos políticos o “actos violentos atribuidos a grupos guerrilleros o a otros relacionados con el crimen organizado” (La Jornada 21 de octubre de 2007).
Curiosamente los países firmantes son: Argentina, Brasil, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, países no acordes a la política estadounidense o países donde éste ha tenido cierta intromisión y donde las empresas como América Móvil, Electra, Televisión Azteca, Maseca, Coca Cola y Bimbo han hecho inversiones recientemente.
Sin embargo, Carlos Fazio afirma en su artículo del 27 de agosto de 2007 en la Jirnda, el Plan México ya se había comenzado a aplicar desde antes de su aprobación. El Departamento de Estado había contratado a la empresa Verint Technology Inc. para realizar tareas de espionaje en territorio nacional. La empresa funcionaba en las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en la colonia Guerrero.
Como dice el general Francisco Gallardo: “el desmantelamiento de la capacidad defensiva es impuesta desde el Pentágono…por conducto de la (sic) ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) y el Comando Norte, en donde la intención del Pentágono es transformar los ejércitos latinoamericanos en fuerzas de ocupación, involucrarlos en el combate al narcotráfico o en los asuntos de seguridad pública”, convirtiendo a México en una especie de perímetro de seguridad para los Estados Unidos a través del Plan México, provocando una futura intromisión de las fuerzas militares estadounidenses en territorio nacional con el pretexto de que las autoridades nacionales no pueden controlar las posibles amenazas.
Sin embargo, Carlos Fazio afirma en su artículo del 27 de agosto de 2007 en la Jirnda, el Plan México ya se había comenzado a aplicar desde antes de su aprobación. El Departamento de Estado había contratado a la empresa Verint Technology Inc. para realizar tareas de espionaje en territorio nacional. La empresa funcionaba en las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en la colonia Guerrero.
Como dice el general Francisco Gallardo: “el desmantelamiento de la capacidad defensiva es impuesta desde el Pentágono…por conducto de la (sic) ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) y el Comando Norte, en donde la intención del Pentágono es transformar los ejércitos latinoamericanos en fuerzas de ocupación, involucrarlos en el combate al narcotráfico o en los asuntos de seguridad pública”, convirtiendo a México en una especie de perímetro de seguridad para los Estados Unidos a través del Plan México, provocando una futura intromisión de las fuerzas militares estadounidenses en territorio nacional con el pretexto de que las autoridades nacionales no pueden controlar las posibles amenazas.
Escríbeme a: mana86_maoz@hotmail.com
*El autor es estudiante del séptimo semestre de Comunicación Política.
1 comentario:
Hola Manuel Cardoso, me parece muy pertinente su análisis y sobretodo la tematica que desarrolla, en estos días se ha olvidado la relación que existe entre Calderón y Bush, muchas felicidades a usted y a la revista Feedback, sigan adelante.
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