Jaime Hernández Gómez
GRAN POLÉMICA ha desatado la decisión de los partidos políticos de posponer la elección de los tres consejeros electorales hasta el mes de febrero del año siguiente. Críticas de diversas fuentes han emitido en contra de los legisladores mencionando que éstos han incumplido con la ley que ellos mismos efectuaron.
GRAN POLÉMICA ha desatado la decisión de los partidos políticos de posponer la elección de los tres consejeros electorales hasta el mes de febrero del año siguiente. Críticas de diversas fuentes han emitido en contra de los legisladores mencionando que éstos han incumplido con la ley que ellos mismos efectuaron.
Por una parte, Luís Carlos Ugalde decidió -el viernes 14 de diciembre- renunciar al cargo de presidente consejero del Instituto, mencionando que dejaba “su IFE a la clase política.” Por otro lado, las televisoras, por medio de sus noticieros aprovecharon el suceso para arremeter en contra de los diputados, calificándolos como “gente que ni trabaja, ni logra ponerse de acuerdo.”
Lo cierto es que a pesar de los calificativos por parte de los opositores a la reforma electoral, el no lograr ponerse de acuerdo de los legisladores en torno a los nuevos integrantes del Instituto Federal Electoral (IFE), ha demostrado algunos factores negativos que la clase política no puede evitar desconocer.
Con la elección se aumenta el periodo de incertidumbre para los otros consejeros electorales que ya prepararan su salida. Se acrecienta el periodo de esfuerzo nulo en el Instituto por esclarecer elementos tan importantes de la elección de 2006 como los 281 mil spots no reportados por los partidos políticos.
Asimismo, la decisión de posponer la elección de los nuevos consejeros aumenta las dudas sobre el proceso de elección, ya que después de reducir la lista de aspirantes de 489 a 39, éstos últimos deberán esperar más tiempo para conocer si podrán o no acceder a uno de los tres puestos de la convocatoria para la integración de consejo general del IFE, publicada el 20 de noviembre.
Ahora bien, es preciso aclarar que los diputados no violaron la ley, pues el artículo cuarto transitorio del decreto electoral menciona que los diputados tienen treinta días naturales, después de entrar en vigor la reforma constitucional (13 de noviembre) para “proceder” a integrar el Consejo General del IFE, y que los consejeros deberán permanecer en funciones “hasta en tanto la Cámara de Diputados de cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.”
No obstante, el no lograr un consenso, así como la versión de la existencia de “vetos” en contra de personajes como Mauricio Merino y Genaro Góngora Pimentel, pone en entredicho el objetivo de la reforma electoral de contribuir hacia instituciones electorales más sólidas.
El caso más ilustrativo es el de Góngora Pimentel, pues en su trayectoria el actual ministro ha demostrado sus convicciones sobre valores democráticos como la justicia, la igualdad y la libertad, por lo que la decisión de algunos partidos de no aceptar la propuesta de este personaje, enturbia el proceso de selección de los mejores personajes para ocupar un cargo en el Instituto.
Habrá que reconocer que la reforma electoral, la cual venía realizándose de forma continua, tuvo un tropezón, sin embargo, esto debe servir para que desde la opinión pública no se descuide el proceso y continúe atenta sobre lo que deberá acontecer en los tiempos extras del proceso de remoción de dos consejeros electorales y la llegada de tres personajes, de los cuales se espera continúen con la labor que debe realizar la máxima institución electoral del país.
De cualquier forma, el proceso actual de selección de consejeros del IFE deja varias lecciones que deberán superarse en el próximo proceso de selección: la convocatoria deberá contemplar un mayor periodo de duración, delinear requisitos para el registro con umbrales mayores, transparentar los lineamientos específicos de la elección y difundir las propuestas de los aspirantes.
Por lo pronto, no se debe dejar en segundo plano el análisis que debe realizarse sobre las nuevas leyes secundarias en materia electoral, pues de ello dependerá en gran medida el funcionamiento de las autoridades electorales, los partidos políticos, los medios electrónicos de difusión y demás actores involucrados en el sistema democrático electoral mexicano.
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