Observatorio
Estampas del derrumbe instutucional
Por Roberto Alonso
A UN par de semanas para finalizar el año, tres acontecimientos revelan un retrato institucional que demuestra su propia crisis. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Cacho-Marín, la postergación del nombramiento del consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) y dos consejeros más hasta febrero del año entrante, y la aprobación en San Lázaro de la reforma judicial no son signos menores para sostener que por cada paso adelante en la consolidación de la democracia se han dado dos atrás, si no es que muchos más en algunos temas.
Meses después de la decorosa actuación de la SCJN en torno a la acción de inconstitucionalidad que interpusieron en este tribunal senadores de la anterior legislatura en contra de la Ley Televisa, la mayoría de los togados legitimaron la impunidad y enviaron un mensaje de cortesía a las redes de pederastia y pornografía infantil con la exoneración de Mario Marín. El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano saltó de un distinguido proyecto de dictamen que desentrañó la lógica del poder mediático, a las burlas, las descalificaciones y el desprestigio del trabajo ajeno.
En el fortín de la justicia, la justicia fue mancillada.
Ministros y ministras ignoraron tesis de jurisprudencia relativas a la validez de las pruebas obtenidas de manera ilícita y convinieron que las violaciones fueron menores y que no había suficientes pruebas para determinar la responsabilidad del director de la orquesta. Con la defensa del inculpado la Corte dilapidó los escaños avanzados.
La misma regresión tuvo lugar en la Cámara de Diputados. Al publicarse la reforma constitucional en materia electoral el 13 de noviembre, los diputados se comprometieron, en aras de hacer valer la ley, a iniciar la renovación del IFE “en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor” de la reforma. No había marcha atrás y, sin embargo, los partidos fueron incapaces de llegar a consensos para elegir a una terna que sustituyera a los consejeros salientes.
Juegos políticos en busca de negociaciones partidistas y posturas inamovibles prorrogaron un plazo perentorio marcado por los mismos diputados en la ley. Todo iba en orden, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales obtuvo el respaldo del Senado y había una lista de 39 candidatos óptimos para ocupar los puestos en cuestión. Pero con el aplazamiento y la falta de acuerdos en la designación de los nuevos consejeros, el mito de la partidocracia se asomó en San Lázaro, disipando una decisión congruente con el espíritu de la reforma.
Por último, si bien el Senado modificó algunos párrafos de la minuta de reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública enviada por los diputados, resulta alarmante que aún con los ajustes el texto constitucional pueda amparar allanamientos a los domicilios sin orden judicial y, en resumen, acoja la ecuación de combatir el crimen organizado a costa de reducir las garantías individuales. La reforma representa un retroceso en la protección de los derechos fundamentales y contraviene los tratados suscritos por el país en dicha asignatura.
A un par de semanas de finalizar el año, parte del retrato institucional ha sido dilucidado por sus propios actores. Enmendarlo, si es que se puede, costará mucho empeño.
Escríbeme a: tercerhombro@hotmail.com
El autor estudia la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es articulista semanal en el periódico digital e-consulta desde mayo de 2006 y colaborador del suplemento "Medieros", del periódico La Jornada de Oriente, donde publica su columna “Observatorio”.
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