Observatorio
A juzgar: Ya chingamos, dígase cuando…
Roberto Alonso
MARIO MARÍN y funcionarios de Puebla y Quintana Roo participaron en un concierto de autoridades para perseguir penalmente y violar los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho. A solicitud del empresario Kamel Nacif, aludido en el libro Los demonios del edén, Mario Marín orquestó una conspiración para detener a Lydia Cacho y “dar satisfacción” al empresario textilero.
Se quebrantaron los principios de federalismo, división de poderes e independencia judicial. “Hubo una pluralidad de agentes que presuntivamente habrían intervenido para ejecutar el acuerdo entre el gobernador y el empresario Kamel Nacif”, y un “aprovechamiento ilegítimo del poder”, señala el informe presentado por el ministro Juan Silva Meza.
En tanto, frente a los 217 alcaldes electos en el estado, Mario Marín pide que “cuiden su imagen para que sean ejemplo de rectitud, de cordialidad y de respeto hacia sus colaboradores.” Lo más importante en un gobierno es actuar con respeto a las autoridades, a las leyes y a los derechos de los ciudadanos. Hay que utilizar la política para resolver discrepancias y diferencias de opinión. Cuando haya que aplicar la ley, que se haga con respeto a los derechos humanos. “Ninguno de mis funcionarios les pedirá cometer algún acto indebido”.
Después de ser interrogado en este encuentro sobre un posible fallo adverso de parte de la Corte, Mario Marín vocifera: ¡Que forma de perder el tiempo!
Al día siguiente, con una votación de 6 a 4, la Suprema Corte de Justicia de la Nación excluye del dictamen todo lo relativo a redes de pederastia, abuso sexual y pornografía infantil. “Ya chingamos”, expresa Alonso Aguilar Zínser, abogado de Mario Marín. El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano arremete contra la comisión y dice que ésta se extralimitó en sus funciones. El dictamen sobre pederastia “es un parche mal pegado”, incrimina. Respecto a las grabaciones, el ex presidente de la Corte, Mariano Azuela propone desechar la prueba porque es ilegal. Aguirre Anguiano insiste en descalificar a la comisión y se pronuncia en contra de las pruebas.
Mientras eso ocurre en la Corte, Mario Marín sostiene en la asamblea semestral de la Coparmex que en Puebla ha prevalecido la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos.
Dos días después el máximo tribunal de justicia exonera a Mario Marín. No hubo “violación grave” a las garantías de Lydia Cacho. No hay pruebas contundentes. La tortura psicológica no amerita una recomendación de la Corte. El caso no es de “gravedad especialísima”, manifiesta Azuela para justificar su apego al artículo 97 constitucional. Las violaciones son “irregularidades menores”. La suma de éstas no es suficiente para concluir una acción concertada en contra de la periodista. Enseguida el gobernador reconoce el fallo de la Corte y llama a los poblanos a la unidad.
En conferencia de prensa la Corte indica que su resolución no deriva en impunidad. La ministra Margarita Luna Ramos asegura que actuaron con legalidad. Por su parte, Mario Marín da por concluido este capítulo y reanuda su relación con los medios. Como sombra queda el “ya chingamos”, dígase cuando a sabiendas de responsabilidad, culpa o adeudo alguno, se sale uno con las suyas.
A juzgar: Ya chingamos, dígase cuando…
Roberto Alonso
MARIO MARÍN y funcionarios de Puebla y Quintana Roo participaron en un concierto de autoridades para perseguir penalmente y violar los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho. A solicitud del empresario Kamel Nacif, aludido en el libro Los demonios del edén, Mario Marín orquestó una conspiración para detener a Lydia Cacho y “dar satisfacción” al empresario textilero.
Se quebrantaron los principios de federalismo, división de poderes e independencia judicial. “Hubo una pluralidad de agentes que presuntivamente habrían intervenido para ejecutar el acuerdo entre el gobernador y el empresario Kamel Nacif”, y un “aprovechamiento ilegítimo del poder”, señala el informe presentado por el ministro Juan Silva Meza.
En tanto, frente a los 217 alcaldes electos en el estado, Mario Marín pide que “cuiden su imagen para que sean ejemplo de rectitud, de cordialidad y de respeto hacia sus colaboradores.” Lo más importante en un gobierno es actuar con respeto a las autoridades, a las leyes y a los derechos de los ciudadanos. Hay que utilizar la política para resolver discrepancias y diferencias de opinión. Cuando haya que aplicar la ley, que se haga con respeto a los derechos humanos. “Ninguno de mis funcionarios les pedirá cometer algún acto indebido”.
Después de ser interrogado en este encuentro sobre un posible fallo adverso de parte de la Corte, Mario Marín vocifera: ¡Que forma de perder el tiempo!
Al día siguiente, con una votación de 6 a 4, la Suprema Corte de Justicia de la Nación excluye del dictamen todo lo relativo a redes de pederastia, abuso sexual y pornografía infantil. “Ya chingamos”, expresa Alonso Aguilar Zínser, abogado de Mario Marín. El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano arremete contra la comisión y dice que ésta se extralimitó en sus funciones. El dictamen sobre pederastia “es un parche mal pegado”, incrimina. Respecto a las grabaciones, el ex presidente de la Corte, Mariano Azuela propone desechar la prueba porque es ilegal. Aguirre Anguiano insiste en descalificar a la comisión y se pronuncia en contra de las pruebas.
Mientras eso ocurre en la Corte, Mario Marín sostiene en la asamblea semestral de la Coparmex que en Puebla ha prevalecido la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos.
Dos días después el máximo tribunal de justicia exonera a Mario Marín. No hubo “violación grave” a las garantías de Lydia Cacho. No hay pruebas contundentes. La tortura psicológica no amerita una recomendación de la Corte. El caso no es de “gravedad especialísima”, manifiesta Azuela para justificar su apego al artículo 97 constitucional. Las violaciones son “irregularidades menores”. La suma de éstas no es suficiente para concluir una acción concertada en contra de la periodista. Enseguida el gobernador reconoce el fallo de la Corte y llama a los poblanos a la unidad.
En conferencia de prensa la Corte indica que su resolución no deriva en impunidad. La ministra Margarita Luna Ramos asegura que actuaron con legalidad. Por su parte, Mario Marín da por concluido este capítulo y reanuda su relación con los medios. Como sombra queda el “ya chingamos”, dígase cuando a sabiendas de responsabilidad, culpa o adeudo alguno, se sale uno con las suyas.
Escríbeme a: tercerhombro@hotmail.com
El autor estudia la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es articulista semanal en el periódico digital e-consulta desde mayo de 2006 y colaborador del suplemento "Medieros", del periódico La Jornada de Oriente, donde publica su columna “Observatorio”.
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