
Héctor Alejandro Quintanar
EL POLÍTICO no se conoce por sus palabras sino por sus hechos. Si bien es cierto que las primeras reflejan un sinnúmero de verdades (la ideología e intereses del sujeto en cuestión, por ejemplo) los segundos dan pábulo a conocer a cabalidad de quien los lleva a cabo.
En las campañas políticas —cuyo desprestigio en México es enorme dado que han implicado un vendaval de tomaduras de pelo a la población— abundan las palabras; y en éstas se adentran pocas veces ideas y mayoritariamente hay o bien promesas fantásticas o descalificaciones al contrario. Y si tomamos en cuenta que la política se hace con ideas, no suena descabellado decir que las promesas fantásticas y las descalificaciones son timbres pertenecientes al político demagogo.
Hace un año, en el brete electoral de 2006, vivimos unas campañas en donde escasearon las ideas. Retrato fiel fueron de nuestro procedimiento político, donde aún prevalece un sistema de reglas no escritas y componendas sobre la legalidad y la legitimidad.
El candidato, presuntamente ganador, Felipe Calderón —cuyo triunfo jamás se ha comprobado— para mantener el estilo digno de nuestra tradición política, optó por adoptar en sus giras electorales el aluvión de insultos al rival y la escalada de promesas. A un año de su asunción a la máxima magistratura, merece recordar una de las promesas cuya falta de cumplimiento duele más a la ciudadanía.
El 14 de febrero de 2006, en Atizapán, Calderón públicamente señaló —con respecto al caso del acoso a la periodista Lydia Cacho por su obra Los demonios del Edén (donde denuncia una red de pederastia y pornografía infantil protegida desde el poder— :“exijo una investigación exhaustiva, caiga quien caiga, y que se les castigue. ¡Me vale que los señalados sean el gobernador [Mario Marín], y un empresario poderoso [Kamel Nacif]!”.
A casi dos años de haber hecho tal aseveración, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado espaldarazo al repugnante gobernador poblano mediante el argumento de que, en sus indagatorias, no halló agravios graves contra la periodista. Una de las tesis de los seis ministros que votaron a favor de exonerar a Marín fue que la investigación en contra de éste estaba viciada de origen ya que la conversación telefónica donde dialoga con Kamel Nacif y manifiesta su turbia colusión en perjuicio de Cacho, fue grabada ilegalmente.
Y con respecto a la pornografía infantil y la red de pederastia que la escritora exhibió no hubo mayor preocupación. Sólo cuatro ministros dieron el “sí” ante la sospecha de culpabilidad de Marín: Ramón Cossío, Genaro Góngora, Juan Silva y Jesús Gudiño.
Marín tiene ya la impunidad garantizada. Pero conviene decir que, mucho tiempo antes de las indagatorias del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo había ya exonerado al góber precioso. Basta recordar que en enero de 2007 ambos políticos salían en fotos ataviados con los mismos ribetes tomados de la mano, en señal de acuerdos y convergencias.
En la política no hay coincidencias. Calderón simbólicamente manifestaba su incongruencia o su amnesia. En tiempos de campaña puede decirse lo que sea; pero a la hora de cumplir los demagogos se tambalean. Ahí está la mano firme del panista.
La connivencia Marín-Calderón podría interpretarse de diversas maneras. No faltará quien diga que el “triunfo” comicial del panista en julio de 2006 se debe en parte a operaciones electorales (eufemismo de mapachería) efectuadas en el estado de Puebla. Con el aval, desde luego, del gobernador Marín y siempre a favor del aspirante blanquiazul.
Si embargo, la exoneración de facto al priista poblano por parte de Calderón pareciera más bien por el afán que éste ha demostrado en la presidencia por perpetuar la impunidad.
Nos asalta el caso de Vicente Fox, quien en su monumental torpeza y desparpajo ha exhibido sin recato ni vergüenza su corrupción al demostrar las riquezas mal habidas durante su mandato presidencial. El mismo Lino Korrodi, otrora amigo del guanajuatense, ha declarado sobre la deshonestidad de la familia presidencial pasada, que no estriba solamente en los hijos Bribiesca Sahagún ni en la esposa de Fox, Marta Sahagún.
La comisión legislativa encargada de investigar a Fox, al igual que las denuncias presentadas por el senador Ricardo Monreal en su contra muy probablemente no prosperen: en un país de reglas no escritas, como México, está en el ideario colectivo que los presidentes poseen una especie de fuero vitalicio, que les impide enfrentar sus delitos por muy corruptos o criminales que hayan sido.
Pero el desparpajo de Fox sólo se explica por la incapacidad de Calderón de poder hacerle algo en aras de la justicia. La presidencia del actual titular del ejecutivo se debe, en parte, a la ilegal intervención foxista. De nuevo, las turbias confabulaciones —en este caso Fox-Calderón— salen a la luz como práctica cotidiana en el escenario político mexicano.
Durante el segundo debate presidencial de 2006, acaecido en junio de ese año, Calderón inició su bestial arenga despotricando en contra del desorden, la inseguridad y la impunidad. Y si ésta ha dañado terriblemente a la nación mexicana, en un año de simulación presidencial Calderón no ha hecho nada por combatirla, para evidenciar así una promesa incumplida más en su haber.
Como dijera Franco, uno es dueño de lo que calla pero esclavo de lo que dice, y el caudal de palabras emitidas por Calderón durante la campaña presidencial lo ubican como un promotor del enfrentamiento y la división.
Y en lo referente a la impunidad, vale decir que si un presidente no la combate desde las instancias del Estado, por omisión, la fomenta.
Una de tantas manchas que se esgrimen en la investidura presidencial de Felipe Calderón.
Escríbeme a: hector7185@hotmail.com

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