Pemex, en plena encrucijada
Marguil Guzmán
DE ACUERDO al artículo 27 constitucional, tanto la propiedad de las tierras como de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio corresponden a la Nación, la cual tiene el “derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las exportaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.
El debate que ha suscitado la posible privatización de Petróleos Mexicanos ha polarizado a los partidos políticos. En el extremo de la izquierda están los nacionalistas y en el de la derecha, los privatizadores.
Los primeros, rechazan cualquier intento de modificación a la legislación a fin de impedir que PEMEX reciba capital de empresas extranjeras, impidiendo la obtención de recursos para detener la caída de reservas estimadas para siete años.
Los segundos refieren a PEMEX como una organización llena de corrupción e ineficiencia. Por tanto, afirman, la inversión privada y sus respectivas modificaciones legales -no necesariamente constitucionales- a las leyes secundarias, garantizarían cierta seguridad hacia los inversionistas, beneficiando la exploración, explotación, refinación, distribución y almacenamiento de los hidrocarburos.
El presidente Felipe Calderón se ha referido a la inversión extranjera como un “motor” que permitirá avances y generará empleos. Por su parte, el director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles, asegura que los recursos económicos y la intención de fortalecer a la paraestatal existen, pero no así la capacidad para desarrollarlos, viéndose necesaria la inversión extranjera.
Además, Reyes Heroles ha enfatizado en que se busca la transformación industrial de hidrocarburos y la expansión, modernización e inversión en la búsqueda de nuevos yacimientos, así como darle mantenimiento continúo a la infraestructura.
El coordinador de los senadores del PRI en el Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, afirma que a pesar de que es urgente la modernización de la paraestatal, su reforma debe girar sobre un eje fundamental: “no cambio al artículo 27 constitucional, el petróleo sigue estando en poder de los mexicanos. Pemex no se vende”. (La jornada, 31 de enero de 2008).
Por su parte, el Departamento de Energía del gobierno estadunidense declaró que la insuficiencia de recursos de PEMEX para la exploración e inversión en acciones que le permitan el aumento a la reserva de hidrocarburos, se debe a la gran cantidad de recursos otorgados al gobierno federal. De acuerdo con el último informe financiero de Pemex, al 30 de septiembre de 2007, presentado por el diario La Jornada (19/01/08), se habla del otorgamiento de 457 mil 341 millones de pesos al fisco; entre impuestos, derechos y aprovechamientos, se entregó la totalidad de la renta petrolera más 25 mil millones de pesos, aproximadamente.
Señalan los expertos que de cada peso que ingresó al gobierno durante el año pasado, 37 centavos correspondían a la industria petrolera. Sin embargo, la carga fiscal se verá disminuida en cuanto entre la inversión privada. De otro modo el negocio no sería redituable para las empresas por lo que se teme que a la larga, el ingreso de capital privado termine por adueñarse de los recursos petroleros. En contra parte, si éste no se lleva acabo, la esperanza de producción se reduce de manera acelerada y la necesidad de exportación de dicho material a precios elevados se vuelve inminente.
Marguil Guzmán
DE ACUERDO al artículo 27 constitucional, tanto la propiedad de las tierras como de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio corresponden a la Nación, la cual tiene el “derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las exportaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.
El debate que ha suscitado la posible privatización de Petróleos Mexicanos ha polarizado a los partidos políticos. En el extremo de la izquierda están los nacionalistas y en el de la derecha, los privatizadores.
Los primeros, rechazan cualquier intento de modificación a la legislación a fin de impedir que PEMEX reciba capital de empresas extranjeras, impidiendo la obtención de recursos para detener la caída de reservas estimadas para siete años.
Los segundos refieren a PEMEX como una organización llena de corrupción e ineficiencia. Por tanto, afirman, la inversión privada y sus respectivas modificaciones legales -no necesariamente constitucionales- a las leyes secundarias, garantizarían cierta seguridad hacia los inversionistas, beneficiando la exploración, explotación, refinación, distribución y almacenamiento de los hidrocarburos.
El presidente Felipe Calderón se ha referido a la inversión extranjera como un “motor” que permitirá avances y generará empleos. Por su parte, el director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles, asegura que los recursos económicos y la intención de fortalecer a la paraestatal existen, pero no así la capacidad para desarrollarlos, viéndose necesaria la inversión extranjera.
Además, Reyes Heroles ha enfatizado en que se busca la transformación industrial de hidrocarburos y la expansión, modernización e inversión en la búsqueda de nuevos yacimientos, así como darle mantenimiento continúo a la infraestructura.
El coordinador de los senadores del PRI en el Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, afirma que a pesar de que es urgente la modernización de la paraestatal, su reforma debe girar sobre un eje fundamental: “no cambio al artículo 27 constitucional, el petróleo sigue estando en poder de los mexicanos. Pemex no se vende”. (La jornada, 31 de enero de 2008).
Por su parte, el Departamento de Energía del gobierno estadunidense declaró que la insuficiencia de recursos de PEMEX para la exploración e inversión en acciones que le permitan el aumento a la reserva de hidrocarburos, se debe a la gran cantidad de recursos otorgados al gobierno federal. De acuerdo con el último informe financiero de Pemex, al 30 de septiembre de 2007, presentado por el diario La Jornada (19/01/08), se habla del otorgamiento de 457 mil 341 millones de pesos al fisco; entre impuestos, derechos y aprovechamientos, se entregó la totalidad de la renta petrolera más 25 mil millones de pesos, aproximadamente.
Señalan los expertos que de cada peso que ingresó al gobierno durante el año pasado, 37 centavos correspondían a la industria petrolera. Sin embargo, la carga fiscal se verá disminuida en cuanto entre la inversión privada. De otro modo el negocio no sería redituable para las empresas por lo que se teme que a la larga, el ingreso de capital privado termine por adueñarse de los recursos petroleros. En contra parte, si éste no se lleva acabo, la esperanza de producción se reduce de manera acelerada y la necesidad de exportación de dicho material a precios elevados se vuelve inminente.
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